El crimen organizado avanza hacia una “captura silenciosa del Estado” en Bolivia, alertan expertos
La Paz, 1 Nov (PSM).- El crimen organizado en Bolivia ha dejado de ser un problema asociado únicamente al narcotráfico y a la violencia de los sicarios para convertirse en una estructura que busca acumular poder económico y político, advirtieron el director de la Fundación Pazos Kanki, Ilya Fortún, y el sociólogo Pablo Montenegro.
Ambos analizaron en el programa Sin Maquillaje con Mery Vaca un diagnóstico elaborado a instancia de esa institución por una mesa de especialistas sobre crimen organizado transnacional y seguridad nacional.
“Hemos podido identificar una captura silenciosa del Estado. Y, a veces, esa captura silenciosa tiene cierto grado de complicidad del Estado”, afirmó Montenegro.
El analista sostuvo que la penetración en espacios institucionales y políticos es la tercera etapa de la expansión del crimen organizado, proceso del que existen indicios en Bolivia.
La primera está relacionada con el control territorial y la disputa por las rutas y los mercados y la segunda con la acumulación de poder económico y político.
El diagnóstico advierte que la tercera etapa, todavía no consolidada en el país, se produce cuando el capital ilícito pasa a las siguientes generaciones y su origen se vuelve cada vez más difícil de rastrear, pero la evolución del problema parece ir en esa dirección.
Su principal advertencia es que la violencia visible constituye apenas una de las manifestaciones de un fenómeno más amplio, cuyo avance puede pasar inadvertido hasta alcanzar niveles difíciles de revertir.
La dimensión del problema se refleja en los 60 casos de sicariato registrados durante 2026, según un reportaje de Brújula Digital, y en los ocho asesinatos violentos ocurridos en una semana, siete de ellos posiblemente vinculados a sicariato o ajustes de cuentas, de acuerdo con datos del Observatorio de Violencia de Bolivia Verifica.
“Mirar hacia un costado”
Fortún subrayó que las sociedades en general tienen la tendencia de “mirar hacia un costado” porque el crimen organizado “genera muchos recursos, penetra la economía, compra lealtades, no solamente políticas, sino sociales”.
Agregó que la gente acepta cierta permisividad con el crimen por su impacto en la economía e incluso en algunos sectores de la juventud el tema “se traduce en ciertos modelos de vida” como en el caso de la riqueza de los pichicateros o narcotraficantes.
“En general, probablemente, no es vista de manera suficientemente crítica, incluso es casi un modelo a seguir. La riqueza y el modo de vida de los delincuentes no reciben con el rigor suficiente, la condena social”, sostuvo Fortún.
Además, el crimen organizado, explicó, opera con una lógica empresarial que conecta actividades como el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal y la trata de personas.
Los especialistas también cuestionaron la idea de que la expansión criminal sea una consecuencia directa de la pobreza o de la crisis económica.
Fortún observó que estas redes necesitan economías funcionales que puedan penetrar, y no necesariamente en países en ruinas.
Sobre la respuesta estatal, los analistas reconocieron resultados como la captura del narcotraficante Sebastián Marset y operaciones de cooperación internacional, pero señalaron que esos avances no sustituyen la reconstrucción institucional.
Montenegro consideró que existe lentitud en la reinstitucionalización del Estado, mientras Fortún reclamó reformas profundas y consensos políticos y sociales, además de cooperación regional.
Fortún advirtió que, si el fenómeno avanza, sus efectos pueden trasladarse a la vida cotidiana mediante extorsiones a empresarios y ciudadanos, distorsiones de la competencia económica y el encarecimiento de bienes y servicios.
“En cinco años este tema puede terminar cooptando a la sociedad entera y salir de eso puede costar por lo menos 20 años”, afirmó el director de la Fundación Pazos Kanki.
Mira/escucha el podcast completo en una charla profunda con la periodista Mery Vaca: